A vueltas con los
presupuestos
La entrada en España desde París del internegativo y la
copia de Casta brava ha dado lugar a
nuevos rifirrafes administrativos. La Dirección General de Aduanas obra por su
cuenta y riesgo, imponiendo tasas arancelarias al tráfico de materiales de
trabajo —negativos, duplicados, copiones, copias de trabajo…— entre los países
coproductores. Entra así en un conflicto competencial con la Dirección General
de Cinematografía que prepara un informe bastante duro en el que se hace valer
que el acuerdo ratificado por la administración española en París en septiembre
de 1956 concede a las películas en coproducción “todos los beneficios de las
producciones nacionales”. Por este motivo se encuentran retenidas en la aduana Mi mujer es doctor / Totò, Vittorio e la
dottoressa (Camillo Mastrocinque, 1957), producida por la Cooperativa
Cinematográfica Fénix, Inolvidable
amistad / Amici per la pelle (Franco Rossi, 1955) de Producciones
Cinematográficas Ariel, una de las productoras controladas por el Opus Dei, y,
cómo no, Casta brava, que a estas
alturas ya se ha convertido en un auténtico
casus belli para la administración española, lleve el título que lleve.
Una vez resuelto este asunto, los miembros de la Junta de
Clasificación y Censura, reunidos en diciembre de 1957, valoran positivamente
el argumento —aunque no sin cierta tibieza—, elogian la sencillez y
originalidad del planteamiento, pero le achacan cierta falta de ritmo y, sobre
todo, le reprochan la mala calidad del color. Ya hemos visto la dificultad de
tirar copias adecuadamente calibradas desde el negativo en Ferraniacolor en los
laboratorios parisinos.
Por otra parte, la normativa vigente desde 1953 condiciona
la entrega de la ayuda oficial a la valoración del coste final realizada por el
Sindicato Nacional del Espectáculo, en lo relativo a sueldos de intérpretes y
técnicos, y del Servicio de Ordenación Económica de la Cinematografía (SEOC),
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. La intervención es este
organismo, amén de generar recelos competenciales, provoca el efecto contrario
al que se buscaba. Como el SEOC reduce sistemáticamente todas las partidas e,
incluso, obvia las que tienen que ver con promoción y asistencia a festivales,
los productores se consideran legitimados para hinchar aún más unos costes que,
por mor de la coproducción, siempre exceden los de una película exclusivamente nacional
(Isabel Sempere: La producción
cinematográfica en España: Vicente Sempere (1935-1975). Valencia, Ediciones
de la Filmoteca, 2009.)
El coste aprobado de Toro
bravo es de 5.861.210 y la clasificación en 1ª B, por lo que le corresponde
una ayuda de 2.051.347,50 pesetas. Pero, según la productora, los gastos
extraordinarios derivados de los incumplimientos con Phoenix Film habrían
alcanzado la astronómica de cifra de 15.390.627,43. En este presupuesto se
incluyen gastos de aduanas por valor de casi medio millón y viajes del
representante y el abogado de la productora española por otro tanto. Claro, que
la parte del león se la llevan los intereses de los préstamos concedidos por el
Banco Coca, que se elevan hasta los 3.255.800 pesetas, muy lejos de la ayuda
concedida.
El 22 de marzo de 1958 el juzgado de primera instancia de
Madrid dicta sentencia en un juicio promovido por el Banco Coca contra Gutiérrez
Torrero por el que se le embargan todas las películas. Es plausible que dicha
entidad financiera, con origen además en Salamanca y muy próxima a la familia
Franco y al sector falangista del régimen, haya estado financiando los
sucesivos desembolsos, para los que el propio Gutiérrez Torrero declaraba que
no había empresa, por muy saneada que estuviera, que pudiera afrontar. El lote de películas producidas por Itálica
Films queda en manos de Leopoldo López de Castillejo, con bufete en Córdoba
desde 1934, como administrador judicial.
Al principio se
iba a encargar de la distribución Goya Films, que solicita autorización para un
pase especial de Toro bravo y Astas y garrochas en sesión única de
noche a beneficio del Patronato Nacional Antituberculoso, durante un acto presidido
por la Marquesa de Villaverde en el madrileño cine Lope de Vega. Pero el
29 de enero López de Castillejo comunica que todos los “derechos y beneficios
de la clasificación” deben ir a nombre de Distribución Viñals. Por fin, el 9 de
febrero de 1959, Enrique Viñals solicita el preceptivo permiso administrativo
para tirar en los laboratorios barceloneses Fotofilm SAE, diez copias de Toro bravo y, el mes siguiente, siete de
Astas y garrochas.
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